La pandemia del coronavirus no ha terminado y, para la actualidad, reporta más de un millón de muertes en todo el mundo. Sin embargo, estas muertes han sido sólo una de las incontables consecuencias. En el campo de la política, encontramos, en un primer momento, las medidas de emergencia frente a la redirección de gastos en el sector salud, por ejemplo.
Pero, más allá de esto, qué sucedió con las relaciones exteriores, las fronteras estatales, la protección del territorio, la seguridad humana y ¿qué pasó con los migrantes?
Fuente: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Como uno de los primeros mecanismos de defensa contra el COVID-19, los Estados cerraron sus fronteras y restringieron los vuelos internacionales. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alrededor de 3 millones de personas quedaron atoradas globalmente. Esto afectó, no solo a aquellos grupos de personas que viven en zonas de frontera y viajan constantemente de un lado a otro de la frontera por razones de trabajo, compra de artículos de primera necesidad, familia, entre otros.
También están los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes de todo tipo, los cuales quedaron hacinados en campos de detención, calles en ciudades fronterizas o diferentes puntos de tránsito donde no son suplidas sus necesidades básicas.
Si bien esta decisión se tomó principalmente como una respuesta a la emergencia sanitaria, puede ser interpretada como una política de intereses bajo otras justificaciones. ¿Había choques ideológicos previos entre ciertos Estados?, ¿cómo estaba la situación económica y la percepción de los migrantes de un lado fronterizo sobre el otro?
Quisiera resaltar dos tendencias en las restricciones a la movilidad humana hechas en el presente año, las cuales representan algunas de las más de 90.000 restricciones para la movilidad global: fronteras que no cerraban hace décadas y que eran consideradas casi como inexistentes, y aquellos Estados que usaron el COVID como una más de las justificaciones por las cuales era necesario el cierre de las fronteras y la securitización de las inmigraciones.
En el primer caso, están las fronteras del espacio Schengen, específicamente la francoalemana. Hace décadas dicha frontera era considerada casi inexistente. Con el tiempo, los ciudadanos alemanes vieron a los franceses como una potencial amenaza, se fortalecieron las fuerzas policiales y surgieron comentarios xenófobos entre los dos grupos nacionales.
Para esta situación, es importante visualizar restaurantes y demás tipo de lugares comerciales que dependían del paso constante de ciudadanos del otro lado de la frontera. Por otro lado, hubo familias que de la noche a la mañana se vieron separadas, como muchos han llegado a llamar, por el levantamiento del muro de Berlín, lastimando así la identidad moderna europea.
Para el segundo caso, podemos seguir analizando la situación de fronteras europeas, pero ahora con las externas. La Unión Europea ha visto constantemente una amenaza en las migraciones provenientes del otro lado del Mediterráneo. En países donde las medidas antimigratorias han sido reforzadas repetidamente por razones económicas y de seguridad, especialmente desde la crisis del 2015, cuando se consideró la clasificación de “zonas de riesgo de infección”.
De esta forma, se previno que los migrantes provenientes de estos países del sur y el oriente del Mediterráneo entraran a la UE, reforzando aún más los temores y las medidas de seguridad contra ellos. Asimismo, se detuvieron los procesos de solicitantes de asilo, preocupación de aquellos que ya tenían su solicitud retrasada, como los que se encuentran en centros de anclaje en Alemania y corren peligro de ser deportados en cualquier momento.
Refugiados en Grecia. Fuente: AP
Otro ejemplo que podemos mencionar es el de la frontera entre Colombia y Venezuela, en donde se han aumentado las tensiones desde la crisis diplomática del año 2015. Los dos Estados comparten una historia de migración continua entre sí; principalmente de Colombia a Venezuela por las dificultades históricas en el país. Sin embargo, a raíz de la crisis económica y humanitaria en Venezuela, las migraciones recienten se ha presentado hacia nuestro país.
En Colombia, existe cierto rechazo generalizado por parte de la gente y de gobernantes contra los ciudadanos venezolanos, justificándose muchas veces en los casos de criminalidad de migrantes de esta nacionalidad.
La pandemia por el COVID-19 otorgó a Colombia una nueva razón para cerrar temporalmente el cruce fronterizo de venezolanos. Sin embargo, debido a la cuarentena decretada en Colombia y las implicaciones económicas de esta, los venezolanos se vieron aún más vulnerables; presentando así otro problema, la necesidad inmediata de volver a su país.
Los venezolanos, quedaron atrapados en Colombia, sin ningún tipo de ayuda económica o servicio de salud adecuado y aunque se solicitó la ayuda humanitaria para que pudieran volver a Venezuela, las respuestas fueron negativas en su mayoría, abandonándolos en el hacinamiento, las calles, el hambre, o la búsqueda de trochas ilegales para poder regresar a su país.
Los Estados tienen derecho a manejar las emergencias públicas y de salud, así como sus fronteras, de forma libre. Sin embargo, esto no puede ser a expensas de la violación de los Derechos Humanos, como lo afirmó el Representante Especial de la Secretaría General en Migraciones y Refugiados, Drahoslav Štefánek. Pues la circulación libre es un derecho fundamental de las personas. Cabe preguntarse: ¿la soberanía justifica todo? ¿La garantía de seguridad es para quién?
Es debatible la forma en que un discurso que habla de proteger la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, puede estar cargado de odio hacia el extranjero y someterlo a la vulnerabilidad. Aparece una especie de limbo en donde no puede entrar o permanecer a un país en la búsqueda de una mejora en su calidad de vida; y, en caso de que ya lo haya hecho y decida dar marcha atrás, no puede volver al suyo, ya sea porque su vida correrá peligro en este, o encuentre las fronteras cerradas.
Según la OCDE, los avances que se habían logrado a nivel internacional en materia de protección a migrantes en su mayoría se perdieron durante el 2020 y tomará tiempo recuperar este proceso de integración.
Sin embargo, es interesante resaltar los casos positivos de Portugal e Italia, donde los considerados “ilegales” obtuvieron sus documentos como residentes y colaboraron en los servicios sanitarios como trabajadores de la salud sin ningún tipo de distinción frente a los ciudadanos de dichos países.
Es hora de cambiar la narrativa frente a los migrantes y la “seguridad” de las fronteras, pues estas son problemáticas que se pueden manejar a través de la planeación y del análisis de lo que se tiene a su disposición (como la mano de obra migrante, que según la OCDE estuvo en la primera línea de la crisis).
La salud y la movilización internacional son derechos fundamentales y no deberían ser negados a razón de nada. Seguir con la prohibición como única alternativa no es un camino, ya que permite que se repliquen los sentimientos negativos frente a individuos iguales en derechos que han tenido que recurrir a la salida de sus países de origen y en el abandono de sus familias buscando una opción para su futuro.
Es de conocimiento público que hay elementos a mejorar al nivel interno de cada país, pero la solución no es negar los derechos a los otros, sino evaluar cómo garantizar un crecimiento conjunto.
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